El gobierno israelí emplea el agua como un instrumento más con el que agredir y castigar a la población palestina. La situación es totalmente insostenible en Cisjordania pero aun es peor en Gaza donde solo es potable el 3% de la escasísima agua doce a la que tiene acceso a población gazatí. Existe un fuerte contraste entre las zonas palestinas (especialmente en las áreas abaixo control palestino directo), que reciben en muchos de los casos menos de la mitad del mínimo diario recomendado por la OMS, y las colonias israelíes vecinas que cuentan con un consumo lujoso del agua (piscinas, áreas recreativas acuáticas…).
En Cisjordania, se documentaron prácticas sistemáticas de apropiación y restricción de recursos hídricos por el Estado de Israel. Se constata la destrucción de pozos por colonos ilegales y la canalización discriminatoria de agua hacia asentamientos judíos, mientras comunidades palestinas sufren racionamientos extremos. Además en Cisjordania muchas comunidades dependen de camiones cisterna o de fuentes no tratadas, lo que encarece el acceso e incrementa los riesgos sanitarios. La corporación estatal Mekorot gestiona el agua a través de un monopolio que cuenta con una red de infraestructuras que priorizan el consumo israelí, violando derechos humanos básicos y consolidando un sistema de apartheid hídrico.
Este modelo sigue las mismas pautas de desarrollo que las denominadas «guerras del agua» en América Latina, donde empresas trasnacionales privatizaron fuentes naturales en Bolivia, Chile o México. Allí, como en Palestina, confluyen intereses geopolíticos, control corporativo y marcos legales facilitadores, dejando a las poblaciones originarias sin acceso a un recurso esencial. Tanto Mekorot como las corporaciones latinoamericanas operan mediante alianzas entre poder estatales y entidades privadas, configurando escenarios de estrangulamento hídrico que intensifican desigualdades y empeoran las condiciones de vida. En ambos contextos, se criminaliza la resistencia comunitaria y se obstaculizan cualquier tipo de acción legal colectiva. En el caso palestino la mercantilización del agua se emplea también, como sucedía en los casos latinoamericanos, como herramienta de dominación de las clases populares, si bien en este caso además se emplea también como instrumento de castigo y colonización.
La situación en Gaza es aún más extrema y representa un caso límite de colapso hídrico inducido. La práctica totalidad del agua procedente del acuífero costero está contaminada por salinización y vertidos de aguas residuales, por lo que más del 97% del agua dulce no es apta para el consumo humano sin tratamiento. El bloqueo, la destrucción de infraestructuras y las restricciones a la entrada de materiales impiden la reparación y el desarrollo de plantas de desalainización y saneamiento a escala suficiente. Como consecuencia, la población de Gaza se ve obligada a depender de agua comprado a proveedores privados o de ayuda humanitaria, convirtiendo el acceso al agua potable en una cuestión de supervivencia diaria y en un instrumento más de castigo y represión colectiva sobre la población civil.
La situación en Palestina evidencia la escala global del capitalismo extractivo y colonial, donde el agua se convierte simultáneamente en arma de ocupación y objeto de especulación. Este recurso se configura como un instrumento de guerra con el que agredir y someter a la población palestina cuyo acceso al agua potable no depende de criterios ambientales o técnicos, sino de relaciones de poder político y colonial.
