La ocupación israelí de los territorios palestinos se ha consolidado desde 1967 mediante una estrategia multifacética en la que el turismo juega un papel creciente. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos señalan que los proyectos turísticos promovidos como “experiencias culturales” en asentamientos ilegales contribuyen a normalizar la presencia colonial, resignificar el territorio y desvincularlo de su población palestina autóctona.
Durante décadas, operadores turísticos israelíes e internacionales han impulsado rutas por Cisjordania y Jerusalén Este que eliminan cualquier referencia al contexto de ocupación. Visitas a parques arqueológicos, espacios bíblicos o bodegas situadas en asentamientos se presentan como viajes de descubrimiento histórico o espiritual, ocultando que muchos de estos lugares se asientan sobre tierras expropiadas o aldeas palestinas despobladas. La musealización selectiva se convierte así en un instrumento político.
Este modelo se sostiene mediante tres dinámicas interconectadas. En primer lugar, la invisibilización material, mediante intervenciones urbanas y arqueológicas que priorizan capas históricas concretas y relegan o eliminan el patrimonio árabe-palestino, especialmente en Jerusalén Este. En segundo lugar, la construcción de narrativas de despojo, que presentan Palestina como un espacio vacío antes del sionismo, contradiciendo registros otomanos, mandatos y testimonios históricos. Finalmente, el beneficio económico: organizaciones como Amnistía Internacional documentan que los ingresos turísticos generan incentivos materiales que fortalecen la viabilidad de los asentamientos.
La ONU ha advertido reiteradamente que las actividades económicas en asentamientos, incluido el turismo, pueden contribuir a su mantenimiento y expansión, en contradicción con el derecho internacional humanitario. Miles de visitantes participan cada año en actividades localizadas en colonias israelíes en territorio ocupado, en un contexto en el que la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe el traslado de la población de la potencia ocupante.
Plataformas digitales como Airbnb o Booking.com han sido señaladas por incluir alojamientos en asentamientos, a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos y de la existencia de una base de datos de la ONU sobre empresas implicadas en estas prácticas.
Frente a esta realidad, colectivos palestinos impulsan iniciativas de turismo ético y comunitario, como el Siraj Center, que buscan preservar y visibilizar la herencia cultural palestina. Organizaciones como BADIL documentan cómo el borrado cultural forma parte de un proceso más amplio de destrucción del carácter palestino de las ciudades.
Ante este escenario, la comunidad internacional enfrenta una responsabilidad clara: exigir transparencia, evitar la complicidad económica y cuestionar las narrativas que convierten la ocupación en un destino turístico. Descolonizar la mirada implica recordar que bajo cada “sitio histórico” señalado existen memorias silenciadas.
