En los Estados Unidos, el Immigration and Customs Enforcement (ICE) actúa como un dispositivo estatal que ejerce coerción sistemática sobre la población migrante. En el contexto actual, marcado por un incremento de la violencia y la persecución institucional —con episodios que han tenido consecuencias letales para personas migrantes—, estas prácticas adquieren una gravedad aún mayor. La muerte deja de ser una anomalía para convertirse en un efecto asumido de una política que prioriza la disuasión mediante el miedo. Las detenciones arbitrarias, las redadas y las operaciones sin autorización judicial se sitúan en los márgenes de las garantías constitucionales, cuando no las vulneran abiertamente.
Este aumento de la persecución responde a una lógica de control social que identifica a la migración como un “enemigo interno”, facilitando su estigmatización y deshumanización. El daño recae sobre comunidades precarizadas, mientras el beneficio político se concentra en quienes promueven agendas securitarias y excluyentes.
El uso del miedo como herramienta política es un rasgo estudiado en los regímenes fascistas. Una característica común es que la violencia institucional se ejerce de forma preventiva y ejemplarizante, con el objetivo de imponer una visión de “nueva nación”. Estructuras como la SA en la Alemania nazi actuaban no solo de manera operativa, sino también como instrumentos de terror social, extendiendo el miedo más allá de las personas directamente agredidas y normalizando la violencia política. En el contexto contemporáneo de Estados Unidos, la política migratoria de Trump refleja una lógica similar: al estigmatizar y perseguir sistemáticamente a la población migrante, busca consolidar una idea excluyente de nación que redefine quién pertenece y quién queda marginado.
En este marco, el ICE funciona como un engranaje de un modelo de Estado policial contemporáneo que prioriza la fuerza frente al derecho, reforzando un clima de inseguridad permanente. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre estas dinámicas y su incompatibilidad con los estándares democráticos. Informes y documentación jurídica permiten analizar el fenómeno con rigor, como los de la American Civil Liberties Union (ACLU):
https://www.aclu.org/issues/immigrants-rights/ice-and-border-patrol-abuses
