Desde 2008, iniciativas civiles internacionales han intentado romper el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza mediante acciones directas no violentas por mar. Estas flotillas, impulsadas por coaliciones de activistas, organizaciones humanitarias y movimientos de solidaridad de distintos países, buscan tanto llevar ayuda simbólica como denunciar la ilegalidad del bloqueo y la inacción de la comunidad internacional.

La intervención militar israelí contra la flotilla del Mavi Marmara en 2010 marcó un punto de inflexión. El abordaje del barco en aguas internacionales provocó la muerte de diez activistas y generó una fuerte condena internacional, así como informes de las Naciones Unidas que cuestionaron la legalidad del uso de la fuerza. Sin embargo, no se tradujo en sanciones efectivas ni en el levantamiento del bloqueo.

Desde entonces, otras embarcaciones civiles fueron interceptadas antes de llegar a Gaza, repitiendo un patrón de represión de las iniciativas de desobediencia civil en el mar. Muchos de los activistas participantes fueron detenidos, deportados o sometidos a procedimientos judiciales, apoyados en ocasiones por redes internacionales de abogados y organizaciones de derechos humanos.

Algunas campañas vinculadas a las flotillas incorporaron también dimensiones económicas y simbólicas, como proyectos destinados a visibilizar la autosuficiencia palestina y denunciar las restricciones a la circulación de bienes y personas. Estas acciones conectan con el movimiento global de Boicot, Desinvestimentos y Sanciones (BDS), que procura ejercer presión ciudadana allí donde fallan los mecanismos institucionales.

El impacto principal de las flotillas no reside tanto en su capacidad material para romper el bloqueo, sino en su fuerza comunicativa y política: convertir el bloqueo de Gaza en un asunto visible, internacionalizar la denuncia y construir una iconografía de resistencia civil frente a la ocupación y al castigo colectivo.