En los equilibrios de poder de la globalización, los mecanismos de gobernanza corporativa reconfiguraron la soberanía nacional. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) operan como una arquitectura legal que privilegia los derechos de los inversores frente a las legislaciones de los Estados. Este sistema permite a las corporaciones demandar a gobiernos mediante tribunales de arbitraje privados bajo el Sistema de Resolución Internacional de Controversias.

La llamada «protección de la inversión extranjera directa» se ha convertido en un instrumento para fiscalizar políticas públicas. Cuando un país aprueba leyes ambientales, laborales o sanitarias que podrían reducir beneficios corporativos, las empresas pueden reclamar indemnizaciones millonarias. Este marco ha generado un efecto paralizador en políticas progresistas, convirtiendo la legislación democrática en rehén de intereses privados.

La asimetría jurídica se consagra mediante cláusulas que permiten a las corporaciones eludir sistemas judiciales nacionales. Los Estados, por el contrario, tienen limitada capacidad para demandar prácticas abusivas. Esta dinámica redefine la soberanía: los gobiernos actúan como administradores de territorios, mientras las corporaciones acumulan facultades antes reservadas a las naciones.

Los datos revelan patrones alarmantes: el 70% de los casos de arbitraje se resuelven a favor de las corporaciones, con indemnizaciones que superan, en algunos casos, el presupuesto anual de servicios públicos básicos. Esta práctica no solo desvía fondos sociales, sino que establece precedentes para la autocensura legislativa.

El reto anticapitalista exige desvelar estos mecanismos y construir alternativas que inviertan la pirámide de poder. La defensa de la soberanía popular pasa necesariamente por desmantelar los privilegios jurídicos corporativos y recuperar la capacidad de los pueblos para decidir sobre sus recursos y derechos colectivos.