Es necesario analizar cómo la represión policial funciona como cortina de humo ante la incapacidad estatal de garantizar derechos básicos a la clase trabajadora. Se constata que los estados priorizan el control social sobre la inversión en políticas redistributivas, utilizando la represión policial como válvula de escape ante el deterioro material de las mayorías. Se conforma así el rol de las fuerzas policiales como instrumento de mantenimiento del statu quo capitalista.
Se establece un círculo vicioso donde la privatización de servicios públicos, la precarización laboral y el desmantelamiento de las redes de protección social generan descontento, que posteriormente se reprime mediante dispositivos policiales. Esta mecánica evidencia la alianza entre el poder estatal y los intereses del capital: en vez de atacar las causas estructurales de la pobreza, se criminaliza su expresión en la calle mediante leyes mordaza y protocolos de “seguridad ciudadana” para amparar las respuestas desproporcionadas a protestas sociales y la vigilancia a colectivos disidentes.
Datos de organismos internacionales revelan correlaciones directas entre recortes en sanidad, educación o vivienda y aumento de presupuestos policiales. Esta tendencia muestra claramente la lógica neoliberal: más coerción para proteger la acumulación de riqueza en manos privadas. Los cuerpos policiales se han convertido en guardianes de la desigualdad, actuando como barrera contra cambios sistémicos, reprimiendo demandas legítimas por trabajo digno o protección ambiental. Además, actúan con impunidad, una pieza más del mecanismo estructural de protección de las élites, como señalan estudios realizados por académicos como Álex Vitale.
Urge promover modelos alternativos basados en la gestión comunitaria de conflictos, distanciados de la lógica punitiva. Iniciativas como las redes de apoyo mutuo o los sistemas de justicia restaurativa demuestran que la seguridad colectiva se construye mediante cohesión social, no represión. ECOAR))) aboga por estas alternativas mediante campañas formativas y acción directa no violenta.
Es necesario desfinanciar los cuerpos policiales para invertir en programas sociales, salud pública y herramientas de participación ciudadana, para reconstruir los tejidos sociales erosionados por el capitalismo. La transformación radical del modelo de seguridad solo será posible mediante la movilización colectiva y la construcción de poder popular antifascista. La verdadera seguridad emerge del acceso universal a recursos básicos, no de la militarización del espacio público.