El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal desafío social en España. Mientras se crean cerca de 200.000 nuevos hogares anuales, la oferta de vivienda nueva no llega a 100.000 unidades, generando un déficit estructural que el Banco de España estima en 700.000 inmuebles. Este desajuste, agravado por la presión del turismo y los alquileres turísticos, ha provocado un incremento acumulado del precio de la compraventa cercano al 90% en la última década, transformando la vivienda en un bien cada vez más inaccesible para amplias capas de la población.
Paradójicamente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró casi 3,8 millones de viviendas vacías, lo que representa aproximadamente el 14,4 % del parque residencial total, una de las tasas más altas de Europa. Esta concentración mayoritaria se produce en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes, mientras que en las grandes ciudades, donde la demanda es más intensa, la disponibilidad es mínima, evidenciando que el problema no es solo de cantidad sino de localización y especulación. En Galicia, por ejemplo, siete de cada ocho viviendas vacías se encuentran en localidades poco pobladas, mientras que los centros urbanos sufren una presión extrema sobre el alquiler.
La escalada de los precios del alquiler refleja la situación crítica. En 2025, la renta media se situó en 1.184 euros mensuales, con un incremento interanual del 5,9%, y en ciudades como Barcelona, Madrid o Málaga, las familias destinan cerca del 40% de sus ingresos netos al alquiler. La oferta de alquiler tradicional sigue disminuyendo —en Cataluña se perdió un 4,7% del stock— mientras la demanda se multiplica, con hasta 462 interesados por cada inmueble en Barcelona. Este fenómeno responde tanto a la conversión de residencias en alquiler turístico como a la percepción de inseguridad jurídica que limita el mercado de alquiler social.
Esta situación es consecuencia de causas estructurales y políticas: oferta insuficiente frente a una demanda creciente, presencia de compradores extranjeros, presión del alquiler turístico y especulación inmobiliaria. El resultado es un panorama en el que el derecho a una vivienda digna está cada vez más amenazado, haciendo evidente la necesidad de un debate social y político sobre la regulación del mercado, la distribución del suelo urbano y la protección de la población frente a la especulación.
📸 Porcentaje de viviendas vacías según su consumo eléctrico. Fuente: newtral.es
