El acceso a una vivienda digna se está consolidando como uno de los desafíos sociales más estructurales de Europa y del Estado Español, frente a la crisis del mercado inmobiliario y a los altos precios de alquiler y compra. La preocupación institucional se ha traducido en nuevos marcos legales y propuestas de reformas orientadas a reforzar los derechos de las personas inquilinas, frenar prácticas abusivas y ampliar la oferta de vivienda social asequible.

A nivel europeo, el debate institucional impulsado por el Parlamento Europeo reclama una mayor vigilancia y actuación para evitar prácticas abusivas en el mercado de alquiler y garantizar condiciones de vida dignas para las personas arrendatarias, en un contexto en el que el déficit de viviendas supera ampliamente la demanda.

En el Estado Español, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda establece por primera vez un marco normativo general para promover el acceso a vivienda digna y adecuada, regular los precios del alquiler en las llamadas “zonas tensionadas” y fomentar la transparencia del mercado. Entre las medidas destacan los incentivos fiscales para propietarios que establezcan rentas por debajo del índice de referencia, la definición de grandes tenedores con obligaciones específicas y la ampliación del parque público y protegido de viviendas.

Además, diversas administraciones autonómicas están desarrollando normas complementarias destinadas a combatir la especulación y fortalecer la función social de la vivienda. Ejemplos son el Decreto-ley 2/2025 en Cataluña, que modifica derechos de tanteo y retracto para grandes propietarios y fomenta la penalización de viviendas desocupadas, y medidas para sancionar el incumplimiento de los topes de alquiler previstos en la legislación.

La regulación estatal de la actualización de rentas mediante un índice de referencia es otra clave para evitar subidas desproporcionadas en los contratos de alquiler y proteger el equilibrio entre arrendadoras y arrendatarios.

En conjunto, estas normas y medidas intentan establecer un modelo de política de vivienda más equitativo, reforzando los derechos de las personas inquilinas, limitando alquileres abusivos y promoviendo el acceso a la vivienda social. Pero la realidad es que, en un contexto de creciente especulación financiera, la garantía efectiva del derecho a un hogar digno solo podrá cumplirse realmente mediante movilización social, presión organizada y políticas que pongan el interés de las personas por encima de los beneficios del capital.

📸Manifestación por el derecho a la vivienda 09/02/2025. Fuente: FRAVM Madrid