La Unión Europea pone en marcha el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) hoy, 12 de junio de 2026, un conjunto de diez textos legislativos que constituyen la reforma más amplia del sistema común de asilo de las últimas décadas.

La normativa, debatida desde 2020 y aprobada por el Parlamento Europeo en 2024, establece un procedimiento de triaje obligatorio en las fronteras con identificación, recopilación de datos biométricos y controles de seguridad. Además, refuerza la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), señalada por su opacidad, actuaciones cuestionables y las violaciones de derechos humanos; así como promueve la externalización del control migratorio mediante acuerdos con terceros países y facilita las expulsiones.

La Comisión Europea presentó en marzo de 2025 una propuesta de Reglamento de Retorno que permitiría la creación de centros de devolución fuera del territorio comunitario, como la cárcel para personas migrantes en Mauritania acordada con el Estado español. Estas políticas no hacen más que incrementar las expulsiones ilegales y las muertes en el mar, al tiempo que debilitan las garantías procesales de las personas solicitantes de asilo.

El enfoque meramente disuasorio no resuelve las causas profundas de la migración y agrava las violaciones de los derechos humanos en las fronteras. El pacto adopta un enfoque securitario, criminalizando la migración, e impone obligaciones como mantenerse localizable o facilitar datos biométricos. Los flujos migratorios no cesarán, sino que se desviarán por rutas más peligrosas, exponiendo a las personas a mayores riesgos.