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Crónica de una masacre impune: cuatro años sin justicia para las víctimas de Melilla

Hoy, 24 de junio de 2026, se cumple el cuarto aniversario de la masacre en la frontera de Melilla, un episodio en el que 37 personas perdieron la vida, 76 desaparecieron y casi 500 fueron devueltas a Marruecos sin garantías. La ausencia de depuración de responsabilidades políticas y penales convierte este caso en un ejemplo paradigmático de racismo institucional y de vulneración sistemática de los derechos humanos en las fronteras del Estado Español.

Los hechos ocurrieron el 24 de junio de 2022, cuando alrededor de dos mil personas intentaron cruzar la valla que separa Nador (Marruecos) y Melilla (Estado Español). La represión policial ejercida por ambos países provocó numerosas muertes y personas heridas. Aunque el Gobierno español solo reconoce 23 fallecimientos, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos elevaron la cifra a 37. Por su parte, Amnistía Internacional considera que, dadas las circunstancias posteriores a los hechos, el número de víctimas mortales podría ser superior a 100.

La organización basa esta estimación en los testimonios recogidos tras la masacre. Muchas personas fueron trasladadas sin recibir asistencia médica, produciéndose fallecimientos durante el trayecto, y fueron abandonadas en zonas alejadas de la frontera sin ningún tipo de garantías. Otros testimonios, según CEAR, denuncian que la Guardia Civil continuó golpeando a personas heridas cuando ya estaban bajo control policial.

Diversas organizaciones, como CEAR o Amnistía Internacional, denuncian que ese día el Estado Español vulneró los derechos de las personas que intentaban cruzar la frontera, tanto por el uso desproporcionado de la fuerza (empleo de gases lacrimógenos, gas pimienta, piedras y pelotas de goma) como por las posteriores “devoluciones en caliente”, amparadas por la conocida como “ley Mordaza” en la legislación española, pero contrarias al derecho internacional. Un total de 470 personas migrantes fueron devueltas de manera inmediata, en un acto que relatores de la ONU calificaron como una violación flagrante del derecho internacional y una manifestación de “racismo sistémico” fronterizo.

Las “devoluciones en caliente” consisten en la expulsión de personas migrantes o refugiadas sin garantizar los derechos recogidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

A pesar de la gravedad de los hechos, en Marruecos no se permitió la identificación de las personas fallecidas ni se investigó la violencia ejercida por sus fuerzas de seguridad. En el Estado Español, la Fiscalía archivó la causa en 2022, una decisión que fue duramente criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, al considerar que consolidó la impunidad por los hechos ocurridos aquel día.

Lo sucedido aquel día, unido a la falta de una investigación rigurosa de los hechos, supone una vulneración del derecho a la vida y a la integridad física; del acceso al derecho de asilo; de la prohibición de la tortura y los malos tratos; de la prohibición de las expulsiones colectivas; y también una omisión del deber de socorro. Se trata de un ejemplo más de racismo institucional y de cómo la militarización de las fronteras gana peso frente a la legalidad internacional.

Fuentes:

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