La crisis de la vivienda se ha consolidado como un fenómeno global que afecta a Estados Unidos y Europa. No responde a dinámicas aisladas, sino a la financiarización del hogar como activo especulativo. Grandes fondos de inversión, como Blackstone, Cerberus o Goldman Sachs, ampliaron la compra masiva de inmuebles tras 2008, transformando un derecho básico en un producto financiero.

Este modelo se basa en la adquisición de viviendas y carteras hipotecarias a bajo coste para maximizar rentas y acelerar desahucios. La lógica del máximo beneficio intensifica la presión sobre el inquilinato y agrava la exclusión residencial. En ciudades como Dublín o Nueva York, diversos informes señalan subidas significativas de los alquileres asociadas a la concentración de propiedad en manos de fondos internacionales.

Paralelamente, crecieron empresas privadas de “desokupación”, que ofrecen servicios de desalojo extrajudicial. Estas estructuras operan en un espacio de ambigüedad legal y comercializan la intimidación como herramienta de negocio, añadiendo tensión a contextos ya marcados por la desigualdad. Su expansión se ha observado en España y en otros países europeos.

La relación entre el capital financiero, los desalojos y la extrema derecha es un tridente que actúa de forma simbiótica y sistematizada a favor de la explotación de los trabajadores. Narrativas centradas en la “seguridad” o en la criminalización de la pobreza desplazan el debate sobre regulación, parque público y control de precios, contribuyendo a legitimar respuestas punitivas frente a problemas estructurales.

Frente a este escenario, surgieron redes internacionales por el derecho a la vivienda. Iniciativas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o coaliciones por el “Right to the City” impulsaron campañas contra prácticas especulativas. La defensa de la vivienda como derecho se configura así como un eje central del conflicto social contemporáneo.