La crisis de la vivienda no es un fenómeno nuevo. En el verano de 1931, apenas tres meses después de la proclamación de la Segunda República, Barcelona fue escenario de la primera gran huelga de alquileres de la historia del Estado Español. Más de 100.000 familias obreras, recién llegadas en la ola migratoria atraída por la Exposición Internacional de 1929, decidieron dejar de pagar las rentas ante la imposibilidad de hacer frente a unas subidas abusivas y a la falta de trabajo derivada del ‘crack del 29’. En barrios como la Barceloneta, Sants, el Clot o las ‘casas baratas’ del Bon Pastor y Can Peguera, la protesta se extendió como la pólvora.
Detrás de la movilización estuvo el ‘Comité de Defensa Económica’, impulsado por el sindicato de la construcción de la ‘Confederación Nacional del Trabajo’ (CNT). Su reivindicación central era clara: una rebaja del 40% en los alquileres y la condonación del pago para las personas en paro. La organización funcionó desde la base, con asambleas de barrio y una estrategia de solidaridad vecinal que incluía la resistencia activa ante los desahucios: cuando la policía tiraba los muebles a la calle, las vecinas volvían a subirlos a las viviendas. Las mujeres, gestoras de la economía doméstica, tuvieron un protagonismo fundamental en las líneas delanteras de las protestas y en la construcción de redes de apoyo mutuo.
La huelga se mantuvo entre julio y diciembre de ese año, coincidiendo con la huelga de ‘Telefónica’ y una huelga general en septiembre. La respuesta de las nuevas autoridades republicanas, que debían representar la esperanza de cambio, fue duramente represiva. El gobierno de Manuel Azaña y la Generalitat de Francesc Macià enviaron a la ‘guardia de asalto’, que cargó contra las manifestaciones y practicó cientos de detenciones. Los enfrentamientos se saldaron, según las fuentes, con 18 muertos y decenas de heridos. Todo el comité organizador fue encarcelado a finales de año.
Aunque la represión consiguió frenar el movimiento, la huelga no fue una derrota. Las familias ahorraron millones de pesetas durante esos meses y, en enero de 1932, muchos pequeños propietarios se vieron obligados a negociar rebajas para recuperar a sus inquilinos. El movimiento sentó un precedente fundamental, manteniéndose de forma intermitente durante toda la República y convirtiéndose en un referente histórico para las luchas vecinales posteriores por el derecho a la vivienda digna. Hoy, casi un siglo después, su recuerdo vuelve a las asambleas y a las reivindicaciones de los sindicatos de inquilinas.
📸 Plaça de Sant Jaume during the tenants’ strike
