El sistema energético en Israel y en los territorios palestinos ocupados tiene un papel estratégico tanto a nivel político como en el control de recursos e infraestructuras. Israel exporta tecnología, conocimiento y servicios relacionados con la energía renovable y la eficiencia energética, y empresas israelíes participan en proyectos internacionales en el ámbito de las energías limpias y la gestión de redes. Al mismo tiempo, la mayor parte de la energía consumida en Israel sigue dependiendo de combustibles fósiles, según datos de la Agencia Internacional de la Energía sobre el consumo energético del país.
En los territorios palestinos, el acceso a la electricidad tiene una dependencia histórica de Israel y una cobertura muy insuficiente respeto a las necesidades totales. Los territorios obtienen la mayor parte de su suministro eléctrico a través de importaciones de la red israelí, junto con aportacións de terceros y generación local limitada, como la planta eléctrica de Gaza e instalaciones solares.
Antes de 2023, Gaza recibía una parte importante de su electricidad via líneas conectadas con la red israelí y por su planta propia, pero el suministro era insuficiente de todas formas, y la demanda superaba con mucho la oferta disponible.
La crisis eléctrica se intensificó con el conflicto de 2023 y las decisiones de Israel de interrumpir el suministro directo de energía al enclave —incluida la suspensión del suministro eléctrico formal a principios de 2025— dejando muchas personas sin acceso a energía estable y obligando a depender de generadores y paneles solares siempre que son accesibles.
Esta situación tiene consecuencias humanitarias graves: sin electricidad adecuada, los sistemas de agua y saneamiento, hospitales, escuelas y servicios básicos ven comprometida su capacidad de funcionamiento. La corte de electricidad a la planta desaladora principal de Gaza reducíu su producción de agua potable de manera dramática, afectando al acceso al agua para la población civil.
Organizaciones de derechos humanos y analistas señalan que esta dependencia estructurada y las restricciones en el suministro eléctrico agravan condiciones de vulnerabilidad económica y social para la población palestina, y que las políticas energéticas forman parte de una diferenciación en el acceso a servicios básicos entre asentamientos israelíes y comunidades palestinas.
Como respuesta, comunidades y organizaciones palestinas trabajan en proyectos de energía renovable (por ejemplo, instalación de paneles solares en poblaciones que carecen de suministro estable) y campañas internacionales piden medidas para garantizar el acceso continuo la electricidad y combustible para uso civil.
