La crisis de acceso a la vivienda en Europa está vinculada a la acción de grandes corporaciones y fondos de inversión. Estas entidades transnacionales transforman la vivienda en un activo financiero, inflando los precios y limitando la oferta, lo que erosiona el derecho a un hogar digno en múltiples estados miembros.
Un ejemplo destacado es la investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) sobre la venta de 23 edificios de la Comisión Europea en Bruselas. La operación, valorada en cerca de 900 millones de euros y cerrada en 2024, fue señalada por el Tribunal de Cuentas Europeo por irregularidades: la sociedad estatal belga «SFPIM» fue el único licitador y presentó su oferta antes de que se abriera la subasta. Los registros en oficinas de la Comisión en febrero de 2026 resaltan la falta de transparencia en la gestión del patrimonio público.
En Malta, la presión de los grandes promotores sobre el poder político también es evidente. La Asociación de Promotores (MDA) fue acusada de intentar intimidar al gobierno para frenar proyectos de vivienda asequible y de recibir terrenos públicos en condiciones ventajosas, prácticas que reducen el parque de vivienda pública y alimentan la especulación.
En Países Bajos, las transacciones opacas limitan el acceso a la vivienda. El protocolo de subastas propuesto por la asociación NVM permite que solo el agente vendedor conozca todas las ofertas, un sistema que asociaciones de consumidores denuncian como manipulable. Junto con la reconversión de viviendas en alquileres turísticos, estas prácticas encarecen el acceso a la vivienda.
El impacto sobre la población es significativo. Según Eurostat, los precios de la vivienda en la UE han aumentado cerca de un 60% desde 2010, y casi un 10% de los europeos destina más del 40% de sus ingresos al hogar. La Comisión Europea prepara un plan para combatir la especulación, abordando la financiarización del sector y evitando prácticas “egoístas”, según declaró el comisario Dan Jørgensen.
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