Los gobiernos de la Unión Europea y de los Estados Unidos sostienen activamente la ocupación israelí mediante mecanismos políticos, militares y legislativos. En el 2024 USA destinó más de 16.000 millones de dólares en asistencia militar a Israel y vendió armamento por más de 15.000 millones de dólares, incluyendo bombas guiadas usadas en Gaza. La UE, por su parte, mantiene un tratado comercial bilateral con Israel que supera los 42.600 millones de euros y en el que el comercio de armas que permite la exportación de tecnología dual (civil-militar) supera los 20.000 millones.
Estas potencias bloquearon sistemáticamente resoluciones de la ONU que condenaban crímenes de guerra israelíes: EUA utilizó el veto 45 veces desde 1972 para proteger a Israel, mientras estados europeos como Alemania o Hungría apoyaron históricamente posturas dilatorias. De hecho en 2024 diversos países de la UE (Hungría, República Checa…) y también USA declararon que iban a ignorar la orden de la Corte Penitenciaria Internacional para detener al primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu a pesar de las pruebas claras por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Además, de esto la UE desarrolló políticas represivas contra el movimiento propalestino. Alemania (Samidoun) o Reino Unido (Palestine Action) aplicaron leyes antiterroristas contra colectivos que critican el genocidio cometido por Israel y defienden posiciones de resistencia palestina. Por su parte Francia realizó detenciones preventivas sin juicio, mientras que casi todos los países europeos (Italia, Bélgica, España…) impusieron sanciones económicas o administrativas a través de marcos normativos mordaza. En muchos casos la legislación europea había equipado la crítica al sionismo con el discurso de odio, limitando así los derechos y libertades civiles en la propia Europa.
Por su parte Estados Unidos desarrolló un marco represivo específico contra el movimiento propalestino, basado menos en la ilegalización formal y más en la criminalización indirecta. A través de leyes que invocan la seguridad nacional organizaciones y activistas fueron investigados, procesados o intimidados, a pesar de no ser designados como terroristas. El ámbito universitario se convirtió en un de los principales espacios de represión, con disolución de colectivos estudiantiles como Students fuere Justice in Palestine, expulsiones, suspensiones e intervenciones policiales masivas. Al tiempo, más de treinta estados aprobaron leyes anti-BDS que imponen sanciones económicas, pérdida de contratos públicos y restricciones administrativas, limitando el derecho al boicot político. En conjunto, el sistema estadounidense trata la solidaridad con Palestina como una amenaza a la seguridad nacional, erosionando derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y protesta.
La alianza UE-USA-Israel configura un sistema de impunidad sustentado en intereses geopolíticos, económicos e industriales a través de una estructura cómplice en tres niveles principales:
- Militar. Provisión de componentes, tecnología y armamento usados contra campos de refugiados.
- Diplomático. Silencio y inacción institucional, económica y administrativa frente al genocidio israelí contra la población de Gaza.
- Jurídico. Inmunidad garantizada mediante pactos bilaterales ante tribunales internacionales.
