La plataforma Defender a quien Defiende, de la que ECOAR))) forma parte, acaba de presentar el informe anual de 2025 sobre el derecho a la protesta. Este año, los datos reflejan la continuidad de la represión selectiva y la expansión de nuevas formas de control y vigilancia. Aunque el informe no recoge la totalidad de vulneraciones —ya que no existe un registro oficial global—, el monitoreo de la plataforma permite visibilizar cientos de casos que afectan a decenas de movimientos sociales en España y Europa.

Entre los principales hallazgos del informe:

• Movimientos en solidaridad con Palestina: Por segundo año consecutivo, este movimiento es el más perseguido. Se documentan numerosas detenciones, identificaciones, procedimientos judiciales y casos de censura, representando la mayor parte de las vulneraciones relacionadas con libertad de expresión y manifestación.
• Represión tecnológica y policial: Se evidencia el uso creciente de cámaras de vigilancia, reconocimiento facial, drones, infiltraciones policiales y armamento antidisturbios. Estas herramientas impactan directamente en el derecho a manifestarse de forma pacífica.
• Distribución territorial de la represión: Madrid y Cataluña siguen concentrando la mayoría de casos, pero otros territorios como País Valenciano, Euskadi, Andalucía, Navarra, Galicia, Baleares y Canarias muestran un aumento significativo de vulneraciones, evidenciando la dispersión geográfica de la represión.
• Tipos de vulneraciones: Las más frecuentes son identificaciones, sanciones económicas y procedimientos judiciales, seguidas de detenciones, retenciones, amenazas, censura y violaciones de protocolos policiales.
• Otros movimientos afectados: La represión también afecta al derecho a la vivienda, sindicalismo, antirracismo, ecologismo y protestas locales específicas, mostrando la diversificación de la represión frente a distintos sectores de la sociedad civil.

El informe pone de manifiesto que las vulneraciones no solo se concentran en España, sino que se replican en otros países europeos, mostrando patrones similares de control selectivo y criminalización de la protesta pacífica.

Ante las conclusiones del informe, subrayamos la necesidad de:

1. Revisar y reformar leyes que restringen derechos fundamentales, incluida la Ley Mordaza, para garantizar que el derecho a protestar se ejerza sin miedo a sanciones o vigilancia excesiva.
2. Proteger a las personas que defienden el derecho a la protesta, incluyendo activistas, periodistas y observadores de derechos humanos.
3. Fortalecer la coordinación entre organizaciones civiles, como ECOAR))), para visibilizar vulneraciones, compartir recursos y promover cambios efectivos en políticas públicas.
4. Aumentar la conciencia social sobre la importancia del derecho a protestar como herramienta de participación democrática y control ciudadano.

El informe completo puede consultarse aquí: Informe completo PDF