la vivienda

En los últimos años, la lucha contra los fondos de inversión que especulan con la vivienda ha alcanzado importantes hitos judiciales en el Estado Español. La combinación de la normativa europea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la organización vecinal comienza a dibujar límites legales a la actuación de estos ‘fondos buitre’. La Directiva 93/13/CEE, que protege a las personas consumidoras de cláusulas abusivas, constituye la base sobre la que se asientan muchas de las victorias judiciales, ya que permite declarar nulas aquellas condiciones que causan un desequilibrio en los contratos hipotecarios o de alquiler.

Uno de los precedentes más destacables es la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de retracto a las inquilinas de viviendas que fueron vendidas por la administración a un fondo. El abogado Mariano Benítez de Lugo, que representó a las afectadas, consiguió que el alto tribunal les permitiese comprar el inmueble al mismo precio por el que lo adquirió el fondo (unos 50.000 euros), y no al valor de mercado especulativo (que alcanzaba los 500.000 euros). Aunque la sentencia no sienta jurisprudencia formal, abre una vía para miles de familias que perdieron la protección de sus casas tras la privatización del parque público.

Paralelamente, la organización colectiva ha demostrado ser una herramienta eficaz. El Sindicato de Inquilinas de Madrid forzó en 2021 un acuerdo histórico con Blackstone, el mayor propietario privado del país, logrando 84 nuevos contratos con rentas congeladas y plazos de siete años. En la actualidad, vecinos de 17.000 viviendas en Madrid se organizan para impedir una nueva venta masiva de estos inmuebles y reclamar su gestión pública a través de Casa 47, la empresa estatal de vivienda. En Lavapiés, el edificio Tribulete 7 presentó la primera querella colectiva por acoso inmobiliario contra un fondo, denunciando obras y actuaciones para forzar el abandono de las 54 familias residentes.

Estos casos demuestran que, a pesar de la impunidad histórica de los grandes fondos, la protección jurídica de las personas consumidoras y la presión social organizada constituyen vías reales para frenar desahucios e imponer límites a la especulación financiera en el derecho a la vivienda.

Fuentes:

• Directiva 93/13/CEE do Consello, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores.
• Roda Abogados: Sentencias contra fondos buitre que compran deudas.
• Sindicato de Inquilinas de Madrid: Madrid vs Blackstone (acordo 2021).
• Benítez de Lugo, Mariano (abogado): representación en sentenza do Tribunal Supremo sobre dereito de retracto.
• Casa 47 (empresa estatal de vivienda): organización vecinal de 17.000 vivendas en Madrid.
• Querella colectiva do edificio Tribulete 7 (Lavapiés) por acoso inmobiliario.
• UGT: Reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (outubro 2024).
• Colegio de Registradores de Madrid: Apuntes sobre la nulidad de las cláusulas abusivas (Luis Delgado Juega).