La situación de los palestinos refugiados en Gaza, Cisjordania, Líbano y Jordania reflecte una violación sistemática de derechos humanos fundamentales. Millones de personas sobreviven sin ciudadanía reconocida, limitadas en su movimiento y privadas de acceso a servicios básicos como sanidad, educación o empleo estable. Este régimen de apartheid territorial fue denunciado repetidamente por organizaciones internacionales, aunque sigue agravándose por la ocupación militar y la inacción de la comunidad global.
Las restricciones de movimiento constituyen un eje central de este sistema opresor. En Gaza, el bloqueo continúo desde 2007 convirtió el territorio en una prisión a cielo abierto donde el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria. En Cisjordania, los checkpoints militares y el muro de separación fragmentan la vida cotidiana, impidiendo el acceso a terrenos agrícolas, centros médicos y redes familiares. Según datos de ACNUR, el 95% de los refugiados palestinos en el Líbano carecen de permiso de trabajo legal.
Ante esta realidad, surgió una red de resistencia basada en la educación y la preservación cultural. Escuelas administradas por la UNRWA enseñan a las nuevas generaciones a historia de su pueblo mientras centros culturales como el Tamer Institute en Gaza promueven la literatura como herramienta de identidad. Iniciativas como la Campaña Palestina por el Boycott Académico y Cultural (PACBI) vinculan esta lucha local con redes internacionales de solidaridad.
Organizaciones como Addameer documentan las detenciones arbitrarias y ofrecen asistencia jurídica, mientras que cooperativas agrícolas en Cisjordania combaten la confiscación de tierras mediante cultivos tradicionales. Destaca el papel de las mujeres palestinas, que lideran el 75% de las iniciativas comunitarias según el Centro de Mujeres Palestinas, tejiendo redes de apoyo mutuo frente a la fragmentación social.
Para entender estos mecanismos de resistencia y apoyarlos estrategicamente, resulta fundamental analizar las estructuras de poder que sostienen esta situación. La industria militar, las empresas que explotan recursos en territorios ocupados y los acuerdos diplomáticos que normalizan la ocupación son objetivo prioritario de las acciones de incidencia internacional.
