Frente a la resignación ante la crisis habitacional, diversos países de la UE aplican políticas públicas que demuestran que es posible garantizar vivienda digna a precios asequibles. Se trata de medidas en funcionamiento, con resultados evaluables, que se han convertido en referencia para orientar el mercado hacia fines sociales.
En Viena, el fondo municipal Wohnfonds Wien impulsa desde 1995 un modelo de concursos basado en economía, sostenibilidad social, arquitectura y ecología. La evaluación prioriza la calidad integral frente al precio, lo que ha permitido promover alrededor de 46.000 viviendas subvencionadas para unas 100.000 personas, con estándares equiparables o superiores a los del sector privado.
En Bruselas, el proyecto CALICO combina cooperativismo, cesión comunitaria del suelo (community land trust) y servicios de cuidados con perspectiva de género. Entre 2018 y 2021 se pusieron en marcha 34 viviendas destinadas a colectivos vulnerables. El modelo se ha extendido a ciudades como Fuenlabrada, Tesalónica o Nápoles a través de la red Cities 4 Co-Housing, adaptando herramientas jurídicas y financieras a cada contexto.
En Portugal, el Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) moviliza 507 millones de euros para ampliar la red pública de residencias. Se prevé alcanzar 18.000 plazas accesibles antes de junio de 2026, con rentas desde 91 euros mensuales para estudiantes becados. Aunque existen retrasos, el plan evidencia una planificación estructural sostenida en el tiempo.
Estas experiencias confirman que la intervención pública decidida puede corregir fallos del mercado y ampliar derechos, siempre que exista financiación estable y evaluación rigurosa.
