La digitalización masiva de la vida cotidiana ha convertido los datos personales en la materia prima de una economía global que mueve billones de euros, mientras el derecho a la privacidad se diluye entre los intereses de las corporaciones tecnológicas y las herramientas de vigilancia empleadas por los Estados. El concepto clásico de privacidad, definido en 1890 como “el derecho a ser dejado en paz”, ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Hoy, los datos son un activo económico en disputa constante y la intimidad pasa de ser un derecho a un bien negociable. Este cambio responde a la consolidación de un modelo de negocio basado en la extracción sistemática de información personal, en el que la ciudadanía, sin ser plenamente consciente, cede sus datos a cambio de servicios digitales sin comprender la dimensión real de esa transacción.

La privacidad es un pilar fundamental de las sociedades democráticas, ya que garantiza la autonomía individual, la libertad de pensamiento y el desarrollo de una personalidad propia sin la presión de la vigilancia constante. Sin privacidad, las personas tienden a adaptar su comportamiento a lo que consideran socialmente aceptable por miedo a represalias o a ser clasificadas, fenómeno conocido como “efecto desaliento” de las libertades civiles. Este derecho no protege solo a quien tiene algo que ocultar, sino que asegura la capacidad de decidir qué información se comparte, con quién y con qué finalidad.

No obstante, la expansión tecnológica ha transformado profundamente este escenario. Corporaciones como “Google” y “Meta” han construido imperios económicos basados en la explotación de datos personales, que millones de ciudadanos entregan sin ser plenamente conscientes, alimentando sistemas de publicidad dirigida. Cada búsqueda en internet, cada localización y cada interacción en redes sociales genera un rastro digital que, procesado mediante algoritmos avanzados e inteligencia artificial, permite segmentar a la población con gran precisión y predecir comportamientos, preferencias de consumo e incluso tendencias políticas. Un estudio realizado en 2025 con cerca de 25.000 participantes en China evidencia además una brecha de privacidad entre clases sociales: las personas con menores ingresos disponen de menos herramientas de protección y son más vulnerables a la explotación de sus datos, mientras que el nivel educativo se relaciona con una mayor conciencia de los riesgos.

El caso de “Palantir Technologies” ejemplifica los riesgos del acceso masivo a datos sin control democrático. Fundada por Peter Thiel, esta empresa desarrolló la plataforma “Gotham”, capaz de crear perfiles detallados de individuos, mapear redes sociales, rastrear movimientos e identificar características personales o situaciones administrativas. El sistema combina datos policiales con información procedente de dispositivos móviles y redes sociales mediante inteligencia artificial. La organización alemana de derechos civiles “Gesellschaft für Freiheitsrechte” advirtió que esta evaluación masiva vulnera el derecho fundamental a la autodeterminación informativa. La principal preocupación es la opacidad: al tratarse de un sistema privativo, ni la ciudadanía ni los representantes públicos pueden auditar los algoritmos que determinan quién es considerado sospechoso, lo que dificulta la supervisión democrática. Más de 264.000 personas firmaron en una semana una petición en Alemania para detener su uso, mientras el Tribunal Constitucional analiza recursos por posible inconstitucionalidad.

La dependencia de los Estados de estas herramientas privadas genera un escenario en el que la lógica del beneficio económico puede prevalecer sobre los derechos fundamentales. Esto significa que los gobiernos pueden priorizar la eficiencia, el acceso a la innovación o aceptar condiciones que sitúen los intereses económicos por encima de la protección de la ciudadanía. Por ejemplo, pueden mantener sistemas poco transparentes o intrusivos por su utilidad o rentabilidad, incluso si implican riesgos para derechos como la privacidad, la igualdad o la presunción de inocencia. La colaboración público-privada sin control suficiente puede debilitar las garantías democráticas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos invirtió más de 200 millones de dólares en contratos con “Palantir”, lo que evidencia cómo una corporación puede convertirse en un actor central en la gestión de datos sensibles. Por su parte, el “Chaos Computer Club” denunció que este software es «intencionadamente opaco» y advirtió que una vez que estas empresas «entran en los Estados y manejan datos sensibles, después es muy difícil desplazarlas».

En el ámbito europeo, el marco legal de protección de datos, incluido el Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva de aplicación de la ley y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ofrece una protección que puede resultar más aparente que real frente a las tecnologías de vigilancia predictiva. Su aplicación no siempre es clara, ya que requiere análisis específicos difíciles de asumir por la ciudadanía. Además, incluso cuando la normativa es aplicable, existen excepciones que permiten esquivar límites como la prohibición de decisiones automatizadas. Esto abre un debate fundamental sobre si estas tecnologías deberían desarrollarse y utilizarse. La velocidad del avance tecnológico supera la capacidad legislativa, mientras la falta de conciencia social limita la movilización ciudadana.

La defensa de la privacidad es uno de los grandes desafíos democráticos del siglo XXI. No se trata de tener algo que ocultar, sino de mantener el control sobre la propia información. Lo que está en juego no es solo la intimidad individual, sino la posibilidad de vivir sin ser constantemente vigilado y clasificado por sistemas opacos ajenos al control público.

Fuentes

• Warren e Brandeis (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review. https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf

• Electronic Frontier Foundation (EFF) (2023). Corporate Spy Tech and Inequality: 2023 Year in Review. https://www.eff.org/deeplinks/2023/12/corporate-spy-tech-and-inequality-2023-year-review

• Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) (2024). Black box Palantir: To Karlsruhe against mass data mining. https://freiheitsrechte.org/en/themen/freiheit-im-digitalen-zeitalter/palantir-bayern

• DW (2025). German police expands use of Palantir surveillance software. https://www.dw.com/en/german-police-expands-use-of-palantir-surveillance-software/a-73497117

• Legal Data (2025). Spy in the police station? Why the Chaos Computer Club warns against Palantir. https://legaldata.law/en/spy-in-the-police-station-why-the-chaos-computer-club-warns-against-palantir/

• State of Surveillance (2025). Palantir’s $287 Million Immigration Machine: How ICE Tracks Everyone. https://stateofsurveillance.org/articles/surveillance/palantir-immigration-machine-287-million/

• Lynskey Orla (2019). Criminal justice profiling and EU dataprotection law: precarious protection frompredictive policing. International Journal of Law in Context. https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-law-in-context/article/criminal-justice-profiling-and-eu-dataprotection-law-precarious-protection-frompredictive-policing/10FD4B64364191B619FBCB864CD40A7F