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El verdadero problema de la vivienda: desahucios, especulación y abuso inmobiliario

La crisis de acceso a la vivienda es hoy uno de los principales factores de desigualdad. En las principales ciudades del Estado Español, el precio del alquiler supera el 60 % del salario medio de una persona. A esta situación extrema se suman, además, los abusos que sufren las personas inquilinas, según denuncian las organizaciones de defensa de la vivienda. Estas denuncias llevaron a que, en 2025, el Ministerio de Consumo impusiese sanciones contra grandes inmobiliarias por prácticas como cobrar gastos de gestión a las personas inquilinas, exigir seguros no solicitados o incluir cláusulas abusivas en los contratos.

Al mismo tiempo, la falta de regulación y la búsqueda de rentabilidad a toda costa provocaron en los últimos años un aumento de las prácticas de acoso inmobiliario para forzar a las personas inquilinas a abandonar sus viviendas sin necesidad de pasar por un juicio, con el objetivo de transformar los inmuebles en alojamientos turísticos. Alquilar una vivienda a turistas puede llegar a triplicar los beneficios de un alquiler habitual.

Entre los métodos denunciados se encuentran el bloqueo de cerraduras con pegamento, los cortes de agua o electricidad, la negativa a realizar reparaciones urgentes y las intimidaciones mediante empresas de “desokupación”. El acoso inmobiliario funciona, en parte, por el desconocimiento de los derechos de las personas inquilinas, lo que facilita estos abusos y convierte el abandono forzado en un desahucio invisible que no aparece en las estadísticas oficiales.

A pesar de la gravedad de la situación, los tímidos intentos por facilitar el acceso a la vivienda no están produciendo los efectos necesarios, ya que el alquiler estable sigue disminuyendo mientras aumenta el alquiler por temporadas.

En este escenario, el discurso mediático dominante presenta una visión distorsionada de la realidad. Los grandes medios de comunicación del Estado Español, en muchos casos vinculados a intereses inmobiliarios y financieros, priorizan el relato de la ocupación frente a la crisis de accesibilidad a la vivienda.

La ley distingue claramente los delitos de allanamiento de morada (la entrada en una vivienda en la que alguien reside habitualmente) y de usurpación (instalarse en un inmueble vacío). Sin embargo, los medios agrupan bajo el término coloquial de “ocupación” ambos fenómenos. Esta confusión interesada construye una alarma social desproporcionada sobre un fenómeno marginal que desvía la atención de la escalada de precios, de la especulación y de la exclusión residencial.

Las cifras judiciales refuerzan esta visión. En 2024, según el Consejo General del Poder Judicial, se llevaron a cabo 27.564 lanzamientos o desalojos, la mayoría de ellos por no poder pagar el alquiler. En ese mismo año, los casos de allanamiento de morada fueron 511. El magistrado Joaquim Bosch indicó que no existen datos que justifiquen el miedo de la ciudadanía a la ocupación de su vivienda habitual. Además, la ocupación de viviendas vacías afecta sobre todo a propiedades de grandes tenedores, como bancos y fondos de inversión.

Fuentes:

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