La Comisión Europea presentó el 16 de diciembre de 2025 su primer Plan de Vivienda Asequible, que movilizará 375.000 millones de euros a través de una Plataforma Paneuropea de Inversión. Diversos análisis señalan que esta financiación pública podría facilitar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales por parte de grandes fondos de inversión.

El mecanismo descrito indica que las «private equity» se registran en paraísos fiscales como Luxemburgo o la isla de Jersey y crean redes de empresas subsidiarias que dificultan el rastreo del dinero. Entre la vivienda de un inquilino y el fondo principal pueden existir varias empresas interpuestas, lo que genera opacidad financiera. Esto permitiría que capitales ilícitos (procedentes del narcotráfico o de la corrupción) se introduzcan en el sector inmobiliario y se legalicen mediante compra y alquiler.

La Comisión reconoce que los precios de la vivienda han aumentado un 55% en la compraventa y un 26% en el alquiler desde 2010 (Eurostat). Sin embargo, el plan apuesta por construir más vivienda privada. Distintos análisis advierten de que no hay evidencias de que esta medida reduzca los precios de forma sostenida. Como alternativa, se propone impulsar vivienda pública y cooperativa con precios limitados y crear un censo de la propiedad que permita visualizar los flujos financieros.

Entre las carencias del plan, se indica que las condiciones de uso de los fondos son poco exigentes, lo que podría favorecer prácticas opacas. Además, al no excluir empresas con estructuras complejas, el contribuyente europeo podría financiar indirectamente actividades de blanqueo de capitales. Mientras tanto, la Federación Europea de Organizaciones que Trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA) estima en 400.000 los menores que viven en la calle en la Unión Europea.