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La crisis en Ceuta. Parte II: causas geopolíticas

Entre los días 30 y 31 de julio de 2026, la ciudad autónoma de Ceuta fue escenario de una de las crisis humanitarias más graves de la historia reciente del Estado español. Así comenzaba el artículo «La crisis en Ceuta. Parte I: la crisis humanitaria», publicado a principios de este mes. Se analizan ahora las posibles causas geopolíticas del suceso a través de las alianzas e intereses de los actores implicados, empezando por el contexto que ha permitido que se produzca este escenario de grave violación de los derechos humanos de las personas migrantes.

Aunque “disfrazado” sobre el papel de sistema democrático, una mirada a la Constitución y al funcionamiento real del gobierno marroquí muestra que se trata en realidad de un régimen autoritario que no duda en reprimir con dureza a su población ante cualquier amenaza a los poderes fácticos.

Asegurar la permanencia en el poder exige consolidarse tanto interna como externamente. Por eso, el régimen marroquí ha jugado sus cartas en el plano internacional aprovechando los recursos naturales a su alcance (con la ocupación del Sáhara Occidental) y su posición geoestratégica en el estrecho de Gibraltar.

Uno de los principales intereses del gobierno marroquí es el reconocimiento internacional de su “soberanía” sobre el territorio que ocupa ilegalmente desde 1975: el Sáhara Occidental. Desde entonces, este régimen se ha dedicado a expandir su ocupación, a explotar los recursos naturales del territorio y a reprimir a su población, en una violación constante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Un factor fundamental en la prolongación de esta ocupación ha sido la complicidad occidental. Por un lado, el régimen marroquí recibió apoyo para la ocupación desde sus inicios de Francia y Estados Unidos. Este proceso se inició durante la Guerra Fría y entre las motivaciones de ese respaldo estaba el temor a un gobierno de orientación socialista en el territorio. Así, se ha asegurado el control de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de un gobierno que no supusiera ninguna amenaza para los intereses de las empresas occidentales. Además, ese control ha servido al régimen marroquí para consolidar su ocupación ilegal. Especialmente relevante en este proceso ha sido la complicidad del Estado español, tras el abandono de sus responsabilidades como potencia colonizadora, que debía garantizar, entre otras cosas, la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Como ya se explicó en el artículo previo sobre el Sáhara Occidental, Mohamed VI, rey de Marruecos, lleva décadas buscando que se reconozca su soberanía sobre el territorio ilegalmente ocupado a través de sus relaciones diplomáticas. En 2020 consiguió el primer reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos, y en 2022 el apoyo oficial del presidente Pedro Sánchez a su «plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental». Se trata de un paso más en la traición al pueblo saharaui por parte de los gobiernos del Estado español.

Por otra parte, Marruecos goza de una posición geoestratégica privilegiada al situarse junto al estrecho de Gibraltar, uno de los puntos neurálgicos de las rutas marítimas comerciales a nivel mundial. Su puerto de Tánger Med es, de hecho, el mayor de África y del Mediterráneo. La reciente escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, con el control del estrecho de Ormuz como uno de sus ejes principales debido a su papel clave en el flujo del petróleo, no hace sino subrayar la trascendencia global que adquiere el dominio de enclaves geográficos de semejante valor estratégico.

Fuente: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/principales-rutas-comerciales-maritimas-del-mundo/

Estos son dos de los principales factores que explican el apoyo de Estados Unidos a este régimen. Pero la posición geográfica de Marruecos no interesa a Washington solo por su relevancia comercial: también desempeña un papel importante a nivel militar, como aliado en la región frente a la creciente influencia de Rusia y China. La alianza militar entre Estados Unidos y Marruecos convierte a este último en un peón más al servicio de los intereses estadounidenses dentro del tablero mundial. Una futura base militar estadounidense en Marruecos vendría a cubrir una nueva posición en una zona en la que Estados Unidos quiere ganar influencia.

Fuente: https://elordenmundial.com/wp-content/uploads/2021/10/bases-militares-estados-unidos.png

A Estados Unidos se suma otro socio: Israel, el Estado genocida y apéndice estadounidense en Asia Occidental. El creciente apoyo militar de ambos países desempeña un papel fundamental en la ocupación y la represión en el Sáhara Occidental.

En un momento en el que las relaciones diplomáticas del Estado español con Estados Unidos e Israel no atraviesan su mejor momento, el régimen marroquí, apoyado por estas dos potencias, se siente seguro para tomar medidas que le sirvan como instrumento de presión contra el Estado español, por un lado, y contra la UE, por otro.

Contra el Estado español, como respuesta a recientes medidas impulsadas por el Gobierno que, para el régimen marroquí, juegan en contra de sus intereses. Por un lado, el 20 de julio de 2026, Pedro Sánchez viajó a Argelia para normalizar las relaciones entre ambos países y aumentar las importaciones de gas. Estas relaciones estaban «congeladas» desde que el presidente anunciara su apoyo al «plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental», ya que Argelia es enemiga del Gobierno marroquí y aliada del pueblo saharaui. Por otro lado, el 23 de julio, la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba «la proposición de ley que concede la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el territorio era colonia española y a sus descendientes», otro hecho que irritaba al Gobierno marroquí.

Contra la UE, como respuesta a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que no permiten etiquetar los productos procedentes de las aguas y las tierras del Sáhara Occidental como productos de origen marroquí.

Tanto el Estado español como la UE llevan décadas externalizando la gestión fronteriza a través de acuerdos informales, difíciles de demandar ante la justicia, con terceros países como Marruecos para saltarse la legalidad internacional. Quieren fronteras, pero desentendiéndose por completo de la responsabilidad de su gestión; es decir, obviando todas las medidas que deberían establecerse para garantizar el respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos: establecimiento de vías legales y seguras de migración (corredores humanitarios seguros), visados accesibles, canales seguros para los solicitantes de asilo… Y es esta Europa-fortaleza, con fosos construidos a través de la externalización, la que otorga poder a estos países, que básicamente reciben dinero de la UE para saltarse los derechos humanos.

Es esta actitud racista y clasista de Europa la que permite que los medios de comunicación y amplios sectores de la población juzguen como «amenaza» a personas desarmadas que cruzan a duras penas una frontera. Es el racismo sistémico, aquí y en Europa, y el avance de la ultraderecha, que aprovecha circunstancias como la de Ceuta para avanzar posiciones, lo que permite propagar esta narrativa de la «invasión» o la «amenaza territorial» y utilizar las fronteras para generar una crisis. La respuesta del Gobierno español ha sido una pieza más de esta reacción, desplazando a miles de militares dedicados a reprimir y devolver ilegalmente a las personas migrantes en lugar de desplazar la ayuda humanitaria que se requería en esa situación y atender a las solicitudes de asilo con eficacia.

Es evidente que a esa minoría de personas que concentran el poder (económico, político y mediático) le interesa alimentar el miedo hacia las personas vulnerables, ya que en el camino hacia un sistema global justo, la redistribución del poder y la riqueza es una amenaza directa hacia su posición. Para mantenerse donde están, conviene desviar la atención de las verdaderas causas del empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Como denuncia Oxfam Intermón en su informe «Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios», “esta concentración extrema de riqueza no solo implica un enorme poder económico, sino también un creciente poder político que permite a estas élites moldear las normas que rigen nuestra economía y sociedad en su propio beneficio y en detrimento de los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía”.

Fuentes:

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