La persecución de la disidencia y del pensamiento crítico se está intensificando en Occidente a través de mecanismos legislativos, incremento de las fuerzas de seguridad y criminalización de la protesta social. Tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, los gobiernos están desarrollando marcos normativos que restringen los derechos político-civiles y silencian las voces que cuestionan el statu quo, en un contexto de auge de la extrema derecha y de creciente malestar social.
En los Estados Unidos, la administración Trump puso en marcha una ofensiva sin precedentes contra movimientos de izquierdas y a favor de los derechos humanos. Esta estrategia se formalizó a través de la National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7), emitida en septiembre de 2025, que equipara la disidencia política con el terrorismo. Un claro ejemplo se produjo en Texas, donde ocho activistas fueron condenados en junio de 2026 a penas de entre 50 y 100 años de prisión por participar en una protesta ante un centro de detención migratoria. Este tipo de sentencias buscan la criminalización de las ideologías no favorables al Gobierno al tiempo que pretenden enviar un mensaje disuasorio.
La administración Trump está orquestando una estrategia sin precedentes que sintetiza el macartismo de la década de 1950 con las herramientas de la «guerra contra el terror» surgida tras el 11 de septiembre. La reunión ministerial convocada por Marco Rubio en julio de 2026, con la asistencia de representantes de más de sesenta países, no es un simple ejercicio diplomático sino la puesta en escena de una nueva doctrina que sitúa a la disidencia de izquierdas al mismo nivel que Al Qaeda y el Estado Islámico. Esta arquitectura legal, que emplea herramientas financieras y de inteligencia concebidas para confrontar a Al Qaeda, se está dirigiendo contra estadounidenses considerados de izquierdas, asumiendo que organizaciones y personas estadounidenses y europeas suponen un peligro para la sociedad estadounidense. De hecho, esta estrategia de contraterrorismo dio un paso más en mayo de 2026, pues Trump formalizó legalmente esta visión al fusionar tres categorías de amenaza: «terroristas islamistas», «narcoterroristas» y, por primera vez, «extremistas violentos de izquierdas, incluidos anarquistas y antifascistas».
Por otra parte, en la Unión Europea, la Agencia de Derechos Fundamentales señaló en su informe de julio de 2026 preocupaciones continuadas sobre campañas de difamación, procesamientos de activistas, recortes de financiación y legislaciones restrictivas para la libertad de asociación. El Informe Rule of Law 2026 de Liberties documentó restricciones generalizadas al derecho de protesta pacífica, con casos como el del Estado Español, donde la ley de seguridad ciudadana continúa imponiendo sanciones a manifestantes y periodistas, o el de Italia, donde el Gobierno de Meloni aprobó en abril de 2026 un decreto de seguridad que criminaliza las acciones de protesta y refuerza las garantías policiales mediante un procedimiento de emergencia.
Estas tendencias represivas, que combinan leyes mordaza, aumento de la vigilancia y represión policial, así como el endurecimiento penal y la persecución política e ideológica, suponen una escalada en la estrategia de desarticulación del disenso y la disidencia. Se busca dar un paso más creando un marco en el que, ya pasada la fase en la que el vandalismo fue equiparado a la violencia y al terrorismo, se da un paso más que busca que la participación ciudadana y la protesta sean percibidas como amenazas a la seguridad en lugar de como derechos fundamentales.
Fuentes:
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National Law Review (2025). FARA Enforcement Gets a Major Shake-Up Under New Presidential Directive. https://natlawreview.com/node/336559/printable/pdf
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The Guardian (2026). Alarm over ‘extreme’ sentences for anti-ICE protesters convicted of terrorism. https://www.theguardian.com/us-news/2026/jun/26/texas-protesters-anti-ice-convictions
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U.S. Department of State (2026). Results from the Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism. https://www.state.gov/briefings-foreign-press-centers/ministerial-on-resurgence-of-political-terrorism-results
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European Union Agency for Fundamental Rights (2026). FRA contributes to Commission’s 2026 Rule of Law Report. https://fra.europa.eu/fr/news/2026/fra-contributes-commissions-2026-rule-law-report
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Civil Liberties Union for Europe (2026). Civic Space and Protest Rights under Threat in 2025. https://www.liberties.eu/en/stories/civic-space-and-protest-rol2026/45622
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光明网 (2026). 《安全法令》引发意大利新一轮政治博弈. https://news.gmw.cn/2026-04/29/content_38737401.htm
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The Guardian (2026). Texas anti-ICE protesters convicted of terrorism charges sentenced to at least 50 years in prison. https://www.theguardian.com/us-news/2026/jun/23/prairieland-ice-protesters-texas-sentenced
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The Times of India (2026). US secretary Rubio invites India, 60 nations to summit on ‘far-left terrorism’. https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/us-secretary-rubio-invites-india-60-nations-to-summit-on-far-left-terrorism/amp_articleshow/132303650.cms
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Criminal Legal News (2025). Office of the Attorney General Memorandum for All Federal Prosecutors, Implementing National Security Presidential Memorandum-7. https://www.criminallegalnews.org/news/publications/office-of-the-attorney-general-washington-dc-memorandum-for-all-federal-prosecutors-implementing-national-security-2025-1/
