El juicio de lxs ‘5 de Ulm’: una farsa para criminalizar el activismo

En septiembre de 2025, cinco activistas de origen irlandés, británico, hispano-argentino y alemán accedieron a las instalaciones de la empresa armamentística israelí Elbit Systems en Ulm. Causaron daños por valor de un millón de euros en equipos informáticos, pintaron consignas y filmaron la acción para difundirla en las redes sociales, y permanecieron en el lugar hasta la llegada de la policía. Su acción, reivindicada como un acto de desobediencia civil para interrumpir el suministro de armas a Israel, dio origen al proceso judicial conocido como el de lxs ‘5 de Ulm’.

El juicio comenzó el 27 de abril de 2026 en el complejo penitenciario de alta seguridad de Stammheim, en Stuttgart. La fiscalía alemana acusa a lxs cinco de daños materiales agravados, violación de domicilio y, de manera central, de pertenencia a una organización criminal. Esta calificación, que impidió la concesión de fianza, mantiene a lxs cinco en prisión preventiva desde hace meses.

La acusación de pertenencia a organización criminal contra lxs ‘5 de Ulm’ se despedaza ante la evidencia más elemental: el vídeo presentado por la propia fiscalía en el juicio está muy lejos de mostrar una peligrosa célula organizada. La supuesta «organización criminal» parece ser cualquier cosa menos una banda organizada, convirtiendo así a la justicia alemana en un instrumento de represión política.

El proceso, que se celebra en el histórico complejo de alta seguridad de Stammheim, acumula irregularidades que desacreditan cualquier pretensión de desarrollo de un juicio justo. Lxs abogadxs de la defensa presentaron sin éxito múltiples recursos para que sus clientes pudiesen sentarse junto a ellxs, para que el público pudiese tomar notas con bolígrafos o para que lxs acusadxs fuesen liberadxs bajo fianza; todos fueron denegados por la jueza Kathrin Lauchstädt alegando motivos que hasta el fiscal reconoció como «razones, pero no reales». La situación alcanzó su punto más crítico cuando la jueza expulsó a todo el público de la vista.

En el centro de la estrategia de la acusación está la aplicación del artículo 129 del código penal alemán, que equipara la protesta política con la delincuencia organizada y mantiene a lxs cinco activistas en prisión preventiva en condiciones de aislamiento extremo desde hace más de un año. Todo esto muestra que lo que está ocurriendo es un juicio político, cuando lo que debería ocurrir es, en todo caso, que el gobierno alemán fuese quien ocupase el banquillo por cómplice activo en el genocidio palestino y como matón que desgarra los derechos y libertades de la ciudadanía.

En un contexto de criminalización y persecución de la disidencia en occidente como el actual, el juicio de lxs ‘5 de Ulm’ se está convirtiendo en un «juicio-espectáculo» que trasciende las fronteras del estado alemán y que ya ha llegado al Parlamento Europeo. Mientras la fiscalía insiste en calificar de criminal una acción de desobediencia civil, la defensa invoca el derecho de emergencia para justificar la interrupción del suministro de armas a un país acusado de genocidio. El desenlace, previsto para enero de 2027, determinará si Europa refuerza su apuesta por el camino de la criminalización de la disidencia o si decide defender el ejercicio de los derechos político-civiles.


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