Este 25 de mayo se cumple el quinto aniversario del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, un crimen que visibilizó las políticas racistas y xenófobas de Occidente en general y de Estados Unidos en particular. La fecha llega en un contexto de repunte de los discursos de odio y de las violaciones de derechos humanos contra poblaciones minorizadas.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció en marzo de 2026 que el discurso de odio racista de Donald Trump y de otros líderes contribuye a violaciones de derechos humanos. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo son presentados como criminales o como carga, fomentando la intolerancia y los delitos de odio.
Las cifras confirman la tendencia. Los delitos de odio contra la población latina alcanzaron en 2025 un máximo histórico de 1.014 incidentes, con un aumento del 239% desde 2015. También aumentan los ataques contra la comunidad sikh y la población transgénero, mientras las deportaciones masivas refuerzan la violencia institucional y las posiciones supremacistas.
En este contexto, las comunidades migrantes y organizaciones sociales han desarrollado redes de apoyo, defensa jurídica y movilización ciudadana frente a los abusos del ICE y otras agencias migratorias. Estas iniciativas, centradas en la solidaridad y la protección de derechos, han visibilizado el problema y han ejercido presión social sobre las políticas migratorias y sobre el propio gobierno de Estados Unidos.
