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Revolución electoral en Sri Lanka tras las protestas

En 2022, Sri Lanka se hundía en la peor crisis económica de su historia independiente. La inflación disparada, la escasez de alimentos y medicinas y los cortes de suministro eléctrico provocaron una explosión social conocida como el movimiento «Aragalaya» (lucha). Los manifestantes ocuparon la residencia presidencial en julio de ese año, forzando la huida del presidente Gotabaya Rajapaksa. Aunque el parlamento eligió entonces a Ranil Wickremesinghe para sustituirlo, la herida abierta por el malestar popular no cerró. Este fue el preludio de una revolución electoral que llevó al poder, por primera vez, a una coalición de izquierdas alejada de las dinastías tradicionales.

Anura Kumara Dissanayake, líder de la «Janatha Vimukthi Peramuna» (JVP) y de su frente electoral «Jathika Jana Balawegaya» (JJB o NPP en inglés), obtuvo el 42,3 % de los votos en las presidenciales del 21 de septiembre de 2024. Su partido, que en las elecciones de 2019 apenas alcanzó el 3 %, capitalizó el descontento con un mensaje anticorrupción y de renovación política. Pero el verdadero terremoto llegó en las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre siguiente, cuando la NPP conquistó 159 de los 225 escaños, la mayoría absoluta más amplia desde 1978. Este resultado supuso un giro histórico: incluso en el distrito de Jaffna, corazón de la minoría tamil, la NPP ganó, desbancando a los partidos tradicionales.

Una vez en el gobierno, Dissanayake mantuvo en gran medida el programa de ajuste del FMI heredado de la administración anterior. El Presupuesto de 2026 apunta a un superávit primario del 2,5 % del PIB. Sin embargo, la inflación repuntó al 5,5 % en mayo debido al encarecimiento de la energía, y los agricultores protestaron por la falta de precios justos para el arroz. A pesar de estas tensiones, la aprobación popular de Dissanayake ronda el 75,5 %, según el «Centre for Policy Alternatives», lo que refleja un apoyo social sostenido.

El gobierno puso en marcha medidas simbólicas y estructurales: el programa «Clean Sri Lanka», lanzado el 1 de enero de 2025, busca disciplina fiscal y modernizar los servicios. Además, lanzó una campaña anticorrupción y contra el narcotráfico que ya se saldó con el arresto de hijos de antiguos ministros. En junio de 2026, Dissanayake presentó un discurso ante el parlamento en el que calificó su legislación como «civilizadora» de la nación. El FMI aprobó en julio un desembolso de 695 millones de dólares, señalando la «notable» recuperación, pero advirtió de los riesgos externos por la guerra en Oriente Medio.

En definitiva, lo que Sri Lanka vivió entre 2022 y 2026 fue finalmente una revolución pacífica en las urnas. El movimiento ciudadano del «Aragalaya» y la victoria electoral de la NPP transformaron el mapa político, pero el desafío de conciliar las promesas de justicia social con la fiscalidad sigue abierto. El nuevo gobierno camina entre la herencia de la crisis y la esperanza de un cambio genuino, mientras la oposición critica la austeridad y las medidas de seguridad. La revuelta está ahora institucionalizada, y su éxito dependerá de si las reformas llegan a la ciudadanía.

Fuentes:

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