La crisis mundial de la vivienda: respuesta social frente a la especulación con un derecho

La falta de acceso a una vivienda digna se ha convertido en una emergencia estructural global. Organismos internacionales alertan de que 3.000 millones de personas vivirán en condiciones de infravivienda en 2030, mientras que hoy 1.100 millones de personas residen en asentamientos informales o barrios marginales, al tiempo que 318 millones viven en situación de sinhogarismo.

La financiarización de la vivienda es el principal motor de la crisis inmobiliaria. Entre 2010 y 2024, los precios de la vivienda en el Reino Unido y Europa aumentaron más de un 50%, mientras que los alquileres crecieron un 25%. Según la OCDE, casi el 10% de las familias urbanas destina más del 40% de su renta al pago del alquiler, lo que las sitúa en una situación de vulnerabilidad frente a cualquier imprevisto. En Occidente se ha vivido una profunda transformación, pues en gran parte de Europa y Norteamérica, más del 60% del parque de viviendas en alquiler está controlado por inversores con múltiples propiedades o empresas multiarrendadoras.

El movimiento inquilino global se organizó para responder a esta emergencia con una agenda de huelgas de alquiler y manifestaciones que abarcan desde marzo hasta junio de 2026. La Coalición Europea de Acción (EAC), que mantiene una agenda de protesta continua contra la turistificación, los desahucios y la especulación financiera, convocó los “Housing Action Days” del 23 al 29 de marzo, en una semana de acción global coordinada que abarcó más de 60 ciudades bajo el lema “Viviendas, no lucro”. La Unión Internacional de Inquilinos (IUT) celebró su XXIII Conferencia Mundial entre Copenhague y Malmö del 7 al 9 de mayo de 2026, coincidiendo con su centenario. El encuentro abordó la vivienda como derecho humano, la asequibilidad y la lucha contra la financiarización, en un intento de construir alternativas a la lógica especulativa dominante. Al mismo tiempo, en el Estado Español, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas articuló una ola de protestas que comenzó en Sevilla el 9 de mayo y continuará en diferentes localidades de todo el estado a lo largo de mayo y junio.

La situación actual requiere de un nuevo contrato social que reconfigure el tratamiento de la vivienda como un derecho y no como un bien especulativo con el que hacer negocio. Esta situación, sin una regulación que haga retroceder la especulación inmobiliaria, provocará que las ciudades se conviertan en territorios exclusivos para turistas y fondos buitre. Las huelgas de pago del alquiler y la ocupación de edificios vacíos emergen como algunas de las tácticas de presión que van incrementando su fuerza y transversalidad según se desarrollan nuevas etapas en un conflicto que exige contratos indefinidos, una rebaja de los precios del alquiler superior al 50%, la expropiación total a fondos de inversión como “Blackstone”, la instauración de un sistema impositivo extremo sobre lxs multiarrendadorxs o, en una posición más rotunda, el mero desarrollo de la prohibición del lucro sobre la vivienda.


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