¿Por qué arde el monte? Evolución histórica y causas de un desastre anunciado.

Un verano más, los incendios forestales ocupan los titulares. Se repiten las imágenes del humo, las llamas, las personas afectadas, las cifras de hectáreas quemadas… En el Estado español ya han ardido 172.453 hectáreas durante este año. Pero, ¿entendemos realmente estas cifras? ¿Están aumentando respecto a años anteriores?

La superficie quemada en lo que va de año equivale aproximadamente a 31 veces la superficie que encierra la M30 de Madrid. El récord de hectáreas quemadas en el Estado español se dio en 1985 con 483.844 ha, el equivalente a 87 veces la superficie encerrada por la M30, un dato que es 4,6 veces más alto que la media de la última década de 105.614 ha. Queda casi medio año por delante, los incendios están activos, y ya se ha quemado el equivalente al 36 % de ese máximo histórico.

Los siguientes gráficos recogen la evolución del número de hectáreas quemadas desde 1961 hasta 2025.

Evolución histórica del número de hectáreas quemadas en el Estado español entre 1961 y 2010. Fuente: Los incendios forestales en España (informe 2010) [MITECO]

Uno de los factores que agravan especialmente la situación este año es el llamado “efecto latigazo”, consecuencia de las abundantes precipitaciones registradas el pasado invierno. Este fenómeno consiste en que la lluvia, anormalmente abundante, favorece el crecimiento de todo tipo de vegetación que después se seca con la llegada de las olas de calor. El resultado es una gran acumulación de combustible vegetal que, sumada al viento de estos días, complica notablemente las labores de extinción.

Estos fenómenos meteorológicos extremos no son casuales, sino que tienen su principal causa en el cambio climático antropogénico, es decir, en “la alteración que experimentan los diversos climas terrestres por el sobrecalentamiento causado al acumularse en la atmósfera ciertos gases emitidos por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas)”, situación sobradamente contrastada por la ciencia.

Estos efectos destructivos de la actividad humana en el planeta tienen su principal causa en un sistema capitalista basado en la explotación continua de los recursos y en la búsqueda del beneficio económico por encima de cualquier otra consideración. Nos encontramos así inmersos en un modelo en el que los Estados protegen los beneficios privados de las empresas transnacionales en detrimento de las medidas sociales que benefician a la mayoría. Se descuidan funciones como la gestión del territorio y las políticas públicas de prevención, y se recortan los recursos públicos destinados a la extinción. Además, el sistema capitalista concentra la actividad económica en las ciudades y en las grandes explotaciones agroindustriales y de ganadería intensiva, lo que favorece desde hace décadas el despoblamiento de las zonas rurales y, en consecuencia, la falta de gestión de los montes (sin pastoreo, sin desbroce, sin aprovechamiento agrícola ni ganadería extensiva).

A todo lo anterio hay que añadir que el ser humano está detrás del origen de la mayoría de los incendios forestales.

Estas carencias son el resultado de decisiones políticas sobre en qué invertir el gasto público. En lugar de utilizar el aparato estatal para ceder recursos públicos a manos privadas, para absorber deuda privada, para facilitar la especulación con bienes fundamentales como la vivienda o para aumentar el gasto militar (que beneficia sobre todo a un reducido número de empresas del sector armamentístico), resulta urgente implementar políticas que permitan dar los primeros pasos hacia un cambio de modelo: uno que sitúe en primer plano la protección de las personas y del medioambiente. Lograr esta transformación depende de la organización social, la presión ciudadana y la exigencia democrática de otras prioridades. Es necesario reforzar lo público y defender los bienes comunes.