Queda menos de un mes hasta el 30 de junio, fecha límite para la tramitación de la regularización extraordinaria de personas migrantes en el Estado español que arrancó el 16 de abril. La medida, aprobada mediante el Real Decreto 316/2026 del 14 de abril, permite acceder a una autorización de residencia y trabajo a las personas en situación administrativa irregular y a las solicitantes de protección internacional que se encontraran en el país antes del 1 de enero de 2026. Se estima que cerca de 500.000 personas resultarán beneficiadas, brindando la posibilidad de acceso a derechos básicos que toda persona debería tener garantizados.
La norma es el desenlace de una prolongada y esforzada movilización social. El movimiento Regularización YA, una red estatal autoconvocada de colectivos migrantes y organizaciones antirracistas nacida alrededor de 2020, registró en abril de 2024 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada con más de 700.000 firmas y 900 entidades.
Esta ILP languidecía en el Congreso hasta que un acuerdo entre fuerzas políticas permitió en enero de 2026 canalizar su contenido a través de un real decreto.
Esto pone de manifiesto, con claridad, la importancia y utilidad de diferentes formas de presión sobre los organismos de poder desde la lucha colectiva.
A pesar de tener carencias con respecto a la ILP inicial y no atacar la desigualdad estructural desde su raíz, estos nuevos procesos de regularización dan un paso importante de cara a permitir vivir sin miedo y con dignidad la vida a cientos de miles de personas, reforzando al conjunto de la ciudadanía.
